La Fiscalia ha anunciat que presentarà un recurs contra la sentència de l'Audiència de Barcelona a la 'rajada' de Manresa en què demanarà que se'ls condemni per un delicte d'agressió sexual i no per abús sexual, han indicat fonts fiscals este dimecres.
La Audiencia condenó a penas de entre 10 y 12 años a cinco jóvenes por la violación múltiple a una xiqueta de 14 años en Manresa (Barcelona) en 2016, y lo hizo por delito de abuso sexual a menor, al considerar que actuaron “sin usar ningún tipus de violencia o intimidación para vencer una oposición que no existió u obtener un consentimiento que la mujer no estaba en condiciones de poder dar”.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2016 en Manresa, cuando un grupo de jóvenes acudió a una fábrica abandonada –en el Camí Torre d’en Viñas– para realizar un ‘botellón’ y los cinco abusaron de la menor cuando estaba inconsciente, tras haber tomado alcohol pese a su “baja tolerancia” y fumado marihuana.
La Fiscalia, que inicialment havia demanat condemnar per abús, a la fi de l'judici va elevar l'acusació a agressió sexual per a sis dels set acusats en el judici, i ara recorrerà la sentència en este mateix sentit.
La fiscal, un cop conclòs el tràmit de la prova en el judici -que es va celebrar quasi íntegrament a principis de juliol, quan van declarar els acusats i la víctima-, va modificar en el judici en les conclusions definitives les seues peticions de condemna, elevant-les fins als 25 anys en el cas de l'principal acusat.
ARGUMENTS DE LA FISCAL
Según la fiscal, seis de los acusados –exceptuando uno, solamente acusado de omisión– presuntamente cometieron delitos de agresión sexual aprovechándose de la condición de la víctima, “su temprana edad, 14 años, su complexión menuda, encontrarse sola en una de las casetas abandonadas” y estando bajo los efectos del alcohol y las drogas.
A ello añadió el hecho de que actuaron “con superioridad numérica, de edad y complexión” para llevar a cabo su actuación en grupo y de forma sucesiva, después de que el principal acusado, B.A.M.C., organizara la acción por turnos.
La fiscal resaltó que la víctima no consintió los hechos y fue obligada por los procesados a sufrir todos los ataques contra su libertad sexual, y vivió una situación “absolutamente denigrante”.
